General Acha es el que mayor trascendencia pública tiene por tener un centenar de jornalizados que reclaman un cargo. Pero hubo otros contratados que fueron cesanteados y empleados que fueron cambiados de sus funciones habituales por cuestiones "políticas o sindicales".
Al menos en once intendencias de la provincia hay conflictos laborales entre las autoridades municipales y empleados comunales, según un relevamiento entre los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública local.
La mayoría de los casos ocurrieron en localidades donde hubo cambio de intendente, luego de las elecciones de octubre del año pasado. Si bien el más representativo fue el de General Acha, donde un centenar de trabajadores jornalizados reclaman por su incorporación a planta permanente, hay otros pueblos en los que hubo conflictos.
Algunos son casos de cesantías, pero otros involucran a empleados de planta que fueron trasladados o cambiados de funciones, para hacer trabajos que antes no realizaban. En muchos casos, se habla de "persecución política o gremial" ya que los cesanteados o cambiados de funciones tienen militancia en partidos o sindicatos.
LA ARENA hizo un relevamiento entre ATE y UPCN y se pudo determinar que además de General Acha y Santa Rosa, donde hay tres contratados que estaban en Acción Social y reclaman porque fueron dejados cesantes por el intendente Luis Larrañaga, hay al menos otras nueve comunas con problemas laborales.
Entre estas se cuentan Telén, Cuchillo Co, Miguel Riglos, Anguil, Eduardo Castex, Conhelo, Intendente Alvear, Luan Toro y General San Martín. La lista se puede incrementar.
Ricardo Araujo, secretario general de ATE, indicó que "hubo desplazados de sus puestos y otros fueron despedidos, por lo que estamos tratando caso por caso con los intendentes". En Santa Rosa, General Acha, Anguil, Eduardo Castex y Telén, por ejemplo, hubo cambio de signo político y esto afectó a algunos trabajadores. En muchos casos son empleados que estaban contratados o eran monotributistas.
Uno de los últimos casos conocidos ocurrió en Telén. Allí el intendente Pablo Echeveste, habría incidido para que cesantearan a Mercedes Bibiana Cardoso, quien era monotributista y desde hace 14 años se desempeñaba en el servicio de limpieza del Juzgado de Paz, aportando a la Caja del Poder Judicial de La Pampa.
El 6 de enero a Cardoso le llegó el despido. La carta fue enviada y firmada por el juez de Paz, Jorge Alberto Carabajal (PJ), que indica que el 1º de febrero Cardoso deberá "dejar de trabajar" y que "los motivos del despido es el cambio de gobierno municipal y judicial", dado en las elecciones del pasado 23 de octubre. Además, deja constancia escrita que se realiza "el despido más allá de no tener ninguna causa laboral o incumplimiento en las tareas asignadas durante los 14 años". Por último, el juez de Paz manifestó: "Motiva la misma ya que recibo presiones de parte del señor intendente electo Pablo Echeveste".
Otro fue el caso de Mónica Adriana Rodríguez, trabajadora de Cuchillo Co, que denunció que la cesantearon en el municipio por razones políticas. Luego se reunió con el presidente de la Comisión de Fomento, Roberto Cincunegui, que prometió darle otro puesto.
